Ley 21.643 Refuerza la Prevención y Sanción del Acoso en el Sector Público

Santiago, 2 de Agosto de 2024 - La reciente promulgación de la Ley 21.643 marca un hito significativo en la legislación chilena, extendiendo su alcance para abordar de manera integral el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo dentro del sector público. Esta nueva normativa modifica diversos cuerpos legales, asegurando que las mismas protecciones y procedimientos establecidos para el sector privado también se apliquen a los trabajadores del Estado.

Protocolo de Prevención en la Administración Pública

Uno de los aspectos clave de la Ley 21.643 es la obligación de los órganos de la Administración del Estado de contar con un protocolo de prevención de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual. Este protocolo tiene como objetivo promover el buen trato, ambientes laborales saludables y el respeto a la dignidad de las personas. Además, debe incluir acciones de difusión, sensibilización, formación y monitoreo.

Elementos del Protocolo

El protocolo de prevención en el sector público debe incorporar, al menos, los siguientes elementos:

• Identificación y Evaluación de Riesgos: Se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos psicosociales asociados al acoso y la violencia, con un enfoque inclusivo y con perspectiva de género.
• Medidas de Prevención y Control: Se deben establecer medidas concretas para prevenir y controlar estos riesgos, con objetivos medibles para evaluar su eficacia y asegurar su mejora continua.
• Capacitación e Información: Es fundamental informar y capacitar adecuadamente a los funcionarios sobre los riesgos identificados, las medidas de prevención y protección, así como los derechos y responsabilidades de los trabajadores.
• Resguardo de la Privacidad: Se deben tomar medidas para proteger la privacidad y la honra de todos los involucrados en procedimientos de investigación, así como frente a denuncias inconsistentes.

Investigaciones y Sanciones

La Ley 21.643 establece que los procedimientos de investigación en el sector público deben ajustarse a principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. En caso de denuncia de acoso o violencia, la autoridad correspondiente debe resolver fundadamente sobre la necesidad de iniciar un procedimiento de investigación sumaria o sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas.

Modificaciones en el Estatuto Administrativo

Se han introducido diversas modificaciones en el Estatuto Administrativo para asegurar la aplicación efectiva de esta ley en el sector público:

• Formación de Fiscales: En los casos de acoso, se debe designar preferentemente a un funcionario con formación en materias de prevención, investigación y sanción de acoso, género o derechos fundamentales.
• Derechos de las Víctimas: Las víctimas y personas afectadas por las eventuales infracciones tienen derecho a aportar antecedentes a la investigación, conocer su contenido desde la formulación de cargos, ser notificadas e interponer recursos en contra de los actos administrativos.
• Medidas de Resguardo: Durante los procedimientos disciplinarios, se deben adoptar medidas de resguardo necesarias, como la separación de espacios físicos y la provisión de atención psicológica temprana a la persona denunciante.

Aplicación en las Municipalidades

La Ley 21.643 también modifica el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, asegurando que las medidas preventivas y procedimientos de investigación sean aplicables a nivel municipal. En caso de denuncias contra alcaldes, concejales o jefaturas dependientes directamente del alcalde, la Contraloría General de la República deberá sustanciar el sumario respectivo.

Conclusión

Con la implementación de la Ley 21.643, Chile refuerza su compromiso con la protección de los derechos laborales y la creación de entornos de trabajo seguros y respetuosos en el sector público. Estas medidas aseguran que los funcionarios públicos cuenten con las mismas protecciones contra el acoso y la violencia que los trabajadores del sector privado, promoviendo así una cultura de respeto y dignidad en todos los ámbitos laborales del país.